El próximo jueves, a las 9.30, comenzará a desarrollarse el juicio oral y público de la causa de los cuadernos de las coimas, el caso de corrupción más grande de la historia argentina. Se buscará determinar el rol que tuvieron la expresidenta Cristina Kirchner, una veintena de funcionarios del kirchnerismo, un financista y 64 empresarios de primera línea en un esquema de intercambio de sobornos por obra pública, un mecanismo que fue descripto con precisión por un chofer del Ministerio de Planificación y reconocido por muchos de los ejecutivos que declararon como arrepentidos.

Comenzará con una audiencia por semana, los días jueves, por Zoom, pero cambiará de ritmo en marzo, cuando pasen a celebrarse dos debates semanales, lo que acortará los plazos de un juicio que, pese a todo, podría extenderse durante años.

El debate oral que se pondrá en marcha el jueves contempla a 6 de las 10 causas conexas que conforman una extensa madeja judicial de corrupción.

Una parte de ese entramado (Gas Natural Licuado) fue juzgada recientemente, en septiembre, y terminó con el exministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, condenados a cuatro y tres años de prisión, respectivamente. Otra fue juzgada en diciembre de 2024, en la que fue condenada la excocinera de De Vido, Nélida Caballero.

Otra parte del juicio aguarda su puesta en marcha, y el tramo principal, con 87 imputados, es el que comenzará este jueves: abarca 304 de los 540 hechos de corrupción del universo “Cuadernos”, de acuerdo con el informe presentado esta semana por la fiscal del juicio, Fabiana León. Están encuadrados en seis calificaciones: asociación ilícita, encubrimiento, dación y admisión de dádivas y cohecho activo y pasivo.

En el centro del presunto esquema de corrupción se encuentra la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de ser la jefa –junto al expresidente Néstor Kirchner– de una asociación ilícita que funcionó durante sus gobiernos, entre 2003 y 2015. Fue identificada por la fiscalía como la “principal receptora” de los fondos ilegales, a partir de múltiples señalamientos o alusiones de testigos y empresarios.

Las veces que declaró en indagatoria en las distintas causas, se limitó a entregar un escrito, evitando contestar preguntas de la Justicia, del mismo modo que lo hizo en Vialidad, la causa por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez, por la que cumple una pena a prisión de 6 años en su casa.

“En ningún caso existen pruebas que me vinculen con los supuestos delitos que se dicen investigar”, señaló en uno de ellos, en el que pone de resalto que junto a Néstor Kirchner fue elegida “democráticamente por el pueblo argentino en tres elecciones consecutivas”.

Según la acusación fiscal, a los pies de la expresidenta operaba un aceitado sistema de recaudación compuesto de sobreprecios, coimas y retornos.

El exministro De Vido será juzgado como uno de los organizadores del mecanismo. Al empresario Carlos Wagner (Esuco) -presidente de la Cámara de la Construcción entre 2004 y 2012, luego arrepentido- De Vido le aseguró que la obra pública se había establecido como un “método de recaudación de dinero para los gastos políticos”. De Vido también niega los casi 200 hechos de corrupción que se le imputan.

El esquema de funcionarios seguía con Baratta; los secretarios Javier Lazarte y José López; directores de organismos de la construcción y el transporte; y el exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que reconoció la recolección de pagos para la campaña electoral de 2013.

En sus declaraciones, empresarios e implicados delinearon algunos de los rasgos del sistema de recaudación. El financista arrepentido Ernesto Clarens, por caso, que ofició como nexo entre los Kirchner y algunos de los hombres de negocios, describió que los precios de la obra pública se inflaban artificialmente un 20%. Ese porcentaje “estaba compuesto por 10% para la coima y el 10% restante para generar dinero negro”, según su propia distinción.

Los modos y porcentajes variaron cuando el sistema se reactivó luego de la muerte de Néstor Kirchner, en 2010, de acuerdo con las pruebas que reunió la Justicia, pero se mantuvo a lo largo del tiempo. Según José López, el secretario de Obra Pública que fue detenido con casi 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez, desde 2011 los porcentajes exigidos para la adjudicación de obras y la liberación de los pagos se redujeron al 3%.

La antesala del caso estuvo marcada por el intento de 47 empresarios y cuatro exfuncionarios de esquivar el juicio oral con un ofrecimiento monetario. La suma de los montos ofertados por ellos superó los 13 millones de dólares, tal como contó este medio.

Algunos de los representantes legales de los empresarios reforzaron la oferta remarcando cuán inconveniente sería la realización de un juicio de esta magnitud, por el impacto que tendría en todo el sistema judicial y la cantidad de años que podría insumir.

La fiscal León se opuso sin concesiones al planteo. “Mi fiscalía no vende impunidad”, les dijo a los 47 empresarios y a sus abogados en una audiencia celebrada especialmente para tratar el pedido. Tras ello, los jueces del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, resolvieron rechazar la propuesta del empresariado, que fue encauzada a través de una nueva figura del código que permite reparar monetariamente el daño ocasionado. Es una figura animada por el espíritu de la Justicia restaurativa; los detractores de la idea hablaban, en cambio, de una “Justicia para ricos”.

Otra puerta de salida para los empresarios se entreabrió en junio del año pasado, cuando la Casación desató una polémica al avalar un planteo de Angelo Calcaterra (Iecsa), primo del expresidente Mauricio Macri, para pasar a ser juzgado en la Justicia electoral con el argumento de que el dinero entregado a los funcionarios no fueron sobornos sino “aportes de campaña” de los que no pidió ni le dieron recibos. Luego de una avalancha de críticas, la Casación anuló, por mayoría, su propio fallo. El juez Carlos Mahiques persistió con su postura inicial de habilitar el pasaje a la Justicia electoral.

Los cuadernos escolares en los que el chofer Oscar Centeno dejó un registro minucioso de los viajes recaudatorios fueron el puntapié de la investigación realizada por el equipo de LA NACION que lideró el periodista Diego Cabot. Ese trabajo luego motorizaría la causa que llevaron en la Justicia Federal el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli y que estalló con los allanamientos de agosto de 2016.

Centeno reconoció haberlos escrito y allí dejó fechas, horas, kilometrajes y detalles sobre las entregas de dinero. El resultado de un peritaje caligráfico de la Gendarmería ordenado luego por el TOF 7 confirmó la autenticidad de los cuadernos, al señalar que su contenido se correspondía con el puño escritural de Centeno.

Antes del peritaje, la querella en torno a la “veracidad” de los cuadernos -una disputa que intentó instalar el kirchnerismo- ya había quedado relegada a un segundo plano cuando funcionarios y empresarios comenzaron a echar luz sobre el entramado de corrupción con sus declaraciones ante la Justicia como “arrepentidos”.

Es que en octubre de 2016, unos cuatro meses después de que López dejara los bolsos en el convento, el Congreso aprobó la figura del “imputado colaborador”, a la que se apegaron una veintena de los imputados que comenzarán a ser juzgados el jueves.

Para que los acuerdos sean validados primero por el fiscal y luego por el juez, los aportes que hagan los imputados deben poder profundizar la investigación, alumbrar nuevos hechos o apuntar con información comprobable hacia arriba en la jerarquía del delito.

De cara al inicio del juicio, todavía resta saber si la Unidad de Información Financiera (UIF) será parte del proceso. El organismo antilavado es querellante en la causa, pero su rol es cuestionado por algunos empresarios, en particular, y por el Gobierno, en general. La Casación convocó a una audiencia el miércoles para escuchar las objeciones del empresario Mario Rovella (Rovella Carranza), quien se opone a la participación de la UIF como querellante en el expediente.

Que la UIF pueda oficiar como querellante es una particularidad que Argentina comparte con muy pocos países en el mundo y es criticada en líneas generales.

Además de Néstor Kirchner, en el transcurso de la investigación falleció el empresario arrepentido Juan Chediack -que se estrelló con su avión en septiembre de 2023- y el exsecretario de Néstor, Fabián Gutiérrez, que fue asesinado en su casa de El Calafate en junio de 2020. Antes que ellos, en 2016, falleció también Héctor Muñoz, el secretario millonario de los Kirchner, que arrastraba problemas de salud.